Recientemente se publicó el Séptimo Informe de
Situación de la Niñez y Adolescencia en Ecuador, presentado por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El informe reveló niveles elevados
de embarazos infantiles y adolescentes, recomendando como soluciones que el
estado tome control de la educación sexual, ofrezca acceso integral a anticoncepción
desde edades tempranas, combata la violencia sexual y despenalice el aborto.
Por otra parte, estudios publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) presentan datos que muestran
que la abrumadora mayoría de madres adolescentes de Ecuador sostiene relaciones
de pareja social mente aceptadas. Sólo 2 de cada 10 adolescentes con hijos son
solteras, en tanto que 8 de cada 10 tuvo su hijo o el embarazo durante una
relación de unión libre o matrimonio. Esto indica que nuestra sociedad está
estructurada para aceptar y quizás hasta para estimular las relaciones sexuales
a temprana edad.
Vale la pena notar que el incremento de
embarazos adolescentes coincide con una política estatal de facilitar métodos
anticonceptivos gratuitos en colegios, junto con una educación sexual basada en
derechos y libertades a quienes, según han demostrado las cifras, no están en las
mejores condiciones para asumir plena responsabilidad por su conducta sexual.
Pese a la evidencia, en el año 2017 el Ministerio de Salud Pública presentó el
Plan de Salud Sexual y Reproductiva con una marcada tendencia liberal, que
propone el reconocimiento de la capacidad de los adolescentes para “tomar
decisiones adecuadas sobre su vida sexual.”
Veamos el escenario desde una perspectiva
psicológica. El impulso sexual provoca a nivel inconsciente un conflicto normal
en las personas, volviéndose más intenso en la pubertad y adolescencia a causa
de los cambios hormonales naturales. Debido a que le produce conflicto, el
adolescente (y cualquier persona) tiende a reprimir la satisfacción de su deseo
sexual cuando las condiciones no son adecuadas. Sin embargo, si una autoridad estatal
da permiso para satisfacer los deseos y entrega los medios para tener “sexo
seguro”, se empodera al menor de edad para que pese a su inmadurez decida que
una situación es adecuada para tener relaciones sexuales. De esa forma la
postura del estado resuelve el conflicto a favor de los impulsos y derrumba la
represión que protegía a los adolescentes mucho más que cualquier preservativo.
Esta práctica ha llevado a una mayor generalización del inicio temprano de la
actividad sexual, más enfermedades de transmisión sexual, más embarazos
adolescentes, más abortos clandestinos y más madres adolescentes.
Regresamos ahora al estudio de UNICEF, donde realmente no se contabilizan los embarazos
adolescentes, sino los partos de madres adolescentes. Por lo tanto, para llevar
las estadísticas a niveles más aceptables lo importante no es evitar que la adolescente
se embarace, sino evitar que el niño nazca. La misma filosofía es aplicada por
instituciones como la OMS, ONU y Amnistía Internacional, en las cuales elevadas
cifras de abortos son celebradas como buenas noticias.
El aborto legal invisibiliza a la adolescente
embarazada tanto como el clandestino, pero coloca al estado en una posición
mucho menos comprometida para prevenir el embarazo temprano. Ciertamente
queremos menos madres adolescentes en Ecuador, pero debemos comprender que el
camino más sano no es aumentando el número de abortos. Tenemos que impulsar un
cambio cultural que retrase el inicio de la actividad sexual en adolescentes,
en vez de facilitarlo. Se hace imprescindible un sistema de educación en
valores con más énfasis en la responsabilidad individual sobre los propios
actos, en lugar de uno orientado a reconocer libertades y derechos a quienes no
tienen la madurez necesaria para afrontar sus consecuencias.
