¿Es el estado
responsable de facilitar procedimientos que ponen en peligro la vida de la
mujer, o deben éstos permanecer prohibidos? Como ciudadano espero que la
autoridad penalice a quien practique a una mujer, y especialmente a una adolescente,
un tratamiento que incrementará las probabilidades de que ella sufra una muerte
violenta en el futuro. Existen estudios que indican que el aborto adolescente
incrementó el riesgo de muertes violentas en las mujeres que lo tuvieron,
mientras que el riesgo disminuyó en las mujeres con embarazo adolescente que
completaron la gestación.
Mientras que
en Ecuador todavía no tenemos registros confiables al respecto, encuentro muy
interesante el estudio que realizaron University of Helsinki y Helsinki University Hospital de
Finlandia, y el Departamento de Neurobiología del Karolinska Institutet de
Suecia. Este estudio tiene gran validez e importancia por
múltiples razones. Primero, porque sus datos son confiables y los
investigadores no pueden ser criticados por presentar un sesgo ideológico en
contra del aborto. Segundo, porque tienen gran rigurosidad estadística y son
basados en las historias clínicas de poblaciones grandes a lo largo de varios
años de investigación. Y tercero, porque como el aborto en el país del estudio es
legal desde hace décadas, la sociedad no ejerce una influencia negativa sobre
la mujer que ha decidido ejecutarlo, sino que le da apoyo privado y estatal.
El estudio trabajó
con muestras que sumaban
cerca de 55000 mujeres que eran adolescentes en el año 1987, a las cuales se
hizo seguimiento hasta el 2013. En ese grupo se identificaron más de 13500
adolescentes embarazadas entre 1987 y 1989, y de ellas el 49% se realizó un
aborto voluntario. Lamentablemente en ese grupo de jóvenes mujeres que
abortaron se encontró una elevada cantidad de muertes por causas violentas a lo
largo del período de observación. En cambio, las chicas que
tuvieron a su hijo durante la adolescencia se vieron involucradas en muchos
menos hechos violentos que terminaran con su vida.
Las
estadísticas resultaron irrebatibles: Las mujeres embarazadas durante la
adolescencia que no abortaron tuvieron un riesgo 30% menor de morir por causas
relacionadas con alcohol que las que sí abortaron. Las que no abortaron encontraron
un riesgo de perder la vida en accidentes de tránsito 40% menor que las que sí abortaron.
Las que tuvieron a su hijo presentaron 40% menos riesgo de morir por causas
violentas provocadas por terceros (incluyendo envenenamiento o lesiones en
general, casos que bajo nuestra legislación podrían ser investigados como
feminicidios) que las que sí abortaron siendo adolescentes. Finalmente, las que
tuvieron a su hijo experimentaron 50% menos riesgo de suicidio que las que
abortaron.
Los resultados mostraron una abrumadora incidencia de accidentes,
muertes a manos de terceros, posibles feminicidios y suicidios en las mujeres que abortaron durante
su adolescencia, en tanto que el nacimiento del niño disminuyó las
probabilidades de sufrir una muerte en circunstancias violentas para las
madres.
Se puede
llegar a la conclusión de que las madres adolescentes tienen una mayor probabilidad
de verse alejadas de ambientes, compañías y situaciones riesgosas, cuando se
las compara con las adolescentes que han abortado a un hijo, las cuales tienen
mayores probabilidades de permanecer en ambientes, compañías y situaciones
peligrosas que pueden llegar a terminar con su vida de manera violenta. Dicho
de otra manera, ante la compleja situación de una adolescente embarazada, las
estadísticas indican que el nacimiento de su hijo le ofrece un efecto
protector, en tanto que el aborto no sólo que no elimina el abuso que ya pudiera
haber sufrido, sino que probablemente lo puede invisibilizar, agravar y
perpetuar hasta poner en riesgo su vida.
Por supuesto
que lo ideal es que no haya embarazos adolescentes, y debemos continuar
trabajando en nuestra sociedad para prevenir esas situaciones. Pero mientras
tanto, el estado tiene la responsabilidad de proteger las vidas de sus
ciudadanas y debe continuar penalizando a quienes les realizan procedimientos
que incrementan significativamente su vulnerabilidad y las probabilidades de
que sufran una muerte por causas violentas, suicidios y feminicidios.
